NUEVA POLÍTICA CRIMINAL PARA EL COMBATE DEL DELITO DE SECUESTRO

El delito de secuestro ha cobrado una presencia importante en nuestro país en los últimos años. Las cifras con las que se cuenta, oficiales y no oficiales son suficientes para demostrar su evidente incremento. Los acontecimientos ligados la mismo que en fechas recientes sacudieron a la sociedad mexicana han llevado a los titulares de las más latas esferas de gobierno del país a asumarse en una cruzada nacional para su frontal combate. El interés del estado mexicano por brindar una efectiva respuesta en ese compromiso, ha conducido no solo a una reforma constitucional que recoge al delito de secuestro y lo coloca en un plano de atención como anteriormente no se había visto, sino que se apuesta por un nuevo diseño; una nueva política criminal para hacerle frente. El poder revisor de la constitución ha decidido que esta materia se torne en una facultad concurrente sobre la base de una ley general, para que tanto la federación, como los estados de la República y el Distrito Federal aplicando el mismo instrumento leal y actuando sobre las bases claras de coordinación puedan responder a la exigencia social de seguridad que clama la sociedad mexicana. El "cambio de escenario" para hacer frente a este delito que ofrece el estado mexicano, conlleva el abandono en su aplicación de todos los códigos penales del país en lo concerniente al delito de secuestro, ya que se trata que su materia sea recogida en una ley general que provendrá del congreso de la unión; la cual deberá contener ahora ese delito en todas sus manifestaciones y que todos, sin excepción, deberán aplicar. En este camino, son muchas las cuestiones que merecerán respuesta: ¿Pena vitalicia a los secuestradores?¿Mismo trato al secuestro de delincuencia organizada que al secuestro convencional?¿Daño social como un nuevo concepto de reparación a favor de la comunidad?¿Deducibilidad de impuestos al rescate pagado?, etcétera. Los esfuerzos realizados por distintos actores para la discusión de una ley general en la materia, son objeto de éste análisis que no tiene otro fin que motivar a la reflexión en un momento en que justamente el congreso de la unión deberá debatir la configuración de una ley general para prevenir y combatir el delito de secuestro.