ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, LA

No existe peor castigo que un trabajo inútil y desesperado, por eso los dioses condenaron a Sísifo a empujar —incesantemente— una roca hasta la cima de una montaña, de donde la roca volvía a caer por su propio peso. Ahora, debido a la incapacidad del legislador mexicano, la dogmática penal padece el mal de Sísifo. Saben de la triste fatalidad a que me refiero los penalistas que han dedicado parte de su vida a tratar de enderezar nuestra legislación.

La reciente reforma Constitucional suscitará más de una resonancia en cualquiera que comprenda que la dogmática penal está para garantizar la seguridad jurídica. Si intentásemos operar el sistema penal con estricto apego a lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la reforma —cómo decirlo, es algo que no puedo ni pensarlo— sufriría un desplome la seguridad jurídica en México. Únicamente una ciega terquedad permitiría la amenazante ruptura del principio de legalidad. Según mi modo de ver, el sentido de la reforma pertenece a un sistema retrasado y empobrecido que se revela ya como ventajoso, y que va mano a mano con el despotismo y con la arbitrariedad de un Estado autoritario.

Las expresiones con las que se sustituye al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad, son dos términos que quedarán en la Constitución como un espantapájaros, para que las aves hagan su nido y sus desechos, es decir, para que las Entidades Federativas interpreten y diversifiquen el sistema penal. Hablar de los “elementos del tipo penal” y luego del “cuerpo del delito” es caer ya de lo alto, pero hablar del “hecho que la ley señale como delito”, es caer más bajo. Hoy publico estas reflexiones más por conciencia profesional que por gusto, dado que la reforma Constitucional abre espacio a la sorpresa e invita al oportunismo, lo cual podrá constatarse en diversas leyes secundarias.