CASO CHIHUAHUA

La muerte de Rubí Fraire y el homicidio de su madre doña Marisela Escobedo frente a las oficinas de Gobierno en el Estado de Chihuahua, desataron una honda polémica que ha puesto de frente al sistema acusatorio adoptado en el Estado de Chihuahua, referencia importante para el país. Una sociedad como la mexicana ha clamado por cien años justicia frente a los abusos de las autoridades que han venido operando nuestro sistema penal; la sociedad ha hecho gala de quejas repetidas frente a los abusos, sobre todo de la policía y ministerios públicos en su actuación en casos penales, pero a la vez, respecto de jueces y magistrados que dejando de lado su investidura y lo que ello representa se han puesto al servicio del poder público para asumir en casos, decisiones dirigidas. Existe frente a ello desilusión, molestia, repudio, en pocas palabras, un gran agravio que el estado mexicano está obligado a reparar.

El estado de Chihuahua adoptó desde el año 2006 un sistema de enjuiciamiento penal alejado del histórico y tradicional continuamente repudiado por la sociedad y desde entonces incursionó en uno de corte acusatorio adversarial que transparenta la actividad de todos los que intervienen en el mismo, y que permite un control social de la actuación de las autoridades que intervienen en un caso y, en cierto sentido, también de las partes que actúan. El sistema caracterizado por su transparencia, su publicidad y contradicción entre otros aspectos, ha permitido conocer y someter a evaluación los hechos del que hoy se conoce como el “Caso Chihuahua”.

El tema no ha sido menor, si se considera que hasta ha merecido una intromisión de poderes en el estado de Chihuahua que no sólo han llevado a un procedimiento de juicio político en contra de los jueces que dictaron en la audiencia de juicio oral una sentencia que absolvió al imputado; sino que, ha merecido duros señalamientos del primer mandatario del país; pero a la vez ha conducido a la renuncia de esos tres jueces y a un ataque feroz en contra del abogado defensor de oficio que representó al imputado; hechos sin precedente en la historia de los casos penales ventilados en nuestros tribunales.

De ello, se han alimentado quienes no quieren que nuestro país salga del pantano que, en materia de justicia penal se ha encontrado inmerso por más de un siglo; los ataques y la información truncada –que no es sino desinformación– ha generado dudas acerca de las bondades que el sistema acusatorio que hemos adoptado tiene.

El “Caso Chihuahua” es más de lo que se mostró en medios masivos de comunicación. Un caso penal no puede ser valorado sin conocer en profundidad las actuaciones que le integran y, no puede ser, con seriedad, puesto en entre juicio sin contar con las herramientas jurídicas para ello.

La desinformación generada en torno al mismo, ha permeado de tal forma en algunas latitudes, sobre todo estatales que, incluso, ya cuenta con un ordenamiento procesal acusatorio al grado que les ha llevado a plantear posibles reformas a los mismos, orientadas ellas hacia el aniquilamiento del derecho a la defensa de toda persona detenida por o ante la policía.

Preguntémonos: ¿Qué tanta verdad se expuso en el referido caso?